Asesoría fiscal Barcelona: Sección Noticias
Un bufete de asesores fiscales que se encargaba, mediante cobro de grandes comisiones, de "solucionar" problemas que la misma Dirección General de Ingresos (DGI) provocaba, es otro de los hechos a investigar por la Contraloría General de la República en la "olla podrida" que dejó el destituido director de la DGI, Walter Porras.
Según fuentes extraoficiales, el bufete, ligado a Porras, presuntamente cobraba comisiones hasta de un 25 por ciento a los contribuyentes afectados por revisiones de la Dirección de Fiscalización de Grandes Contribuyentes de la DGI.
De tal forma que Walter Porras, por un lado amenazaba con cobros como director de recaudaciones, y por el otro evitaba esos cobros con su "asesoría" y gestión, mediante una comisión de las sumas a pagar evitadas.
Walter Porras.
El descubrimiento de este modo de operar lo habrían efectuado investigadores allegados a la seguridad del presidente Daniel Ortega, advertidos por una exoneración millonaria que habrían realizado los asesores de este bufete que eran allegados a Porras.
Según otro informante, Porras y sus allegados impedían que asesores fiscales ajenos a su bufete pudieran representar a las empresas, requeridas por la DGI, bajo la advertencia que la única forma de solucionar el problema era contratando a quienes ellos les señalaban.
La olla que se ha destapado muestra que Porras tenía múltiples formas de usar la DGI para obtener dinero. Un extrabajador que prefirió el anonimato afirmó que Porras instaló talleres donde fabricaba pantalones, camisetas, imprenta y serigrafía, entre otros, con maquinaria recuperada. Según el informante la DGI más parecía Zona Franca que una institución recaudadora de impuestos. Y lo peor, las costureras fueron incorporadas a la planilla de la DGI como afanadoras.
En el lugar se fabricaban camisetas, que luego vendían a los mismos trabajadores primero por un precio de 90 córdobas y después por 120 córdobas, recordó Maritza Mejía, otra de las despedidas durante la administración Porras.
Mejía manifestó que el pago de las camisetas "era un hecho que te lo quitaban de las nóminas y ese dinero ¿para quién era? para él y su familia. Ni que fuera uno tonto que no iba a ver que el hombre estaba en ilícito".
Estos talleres fueron instalados con las máquinas que recuperaba y estaban en las mismas instalaciones de la DGI.
El exdirector de la DGI, Róger Arteaga, indicó que habría que ver si esa maquinaria fue reportada como bien del Estado, pues eso sería lo normal.
"La figura legal es dación en pago, uno lleva lo que tiene, si tiene una propiedad la da en pago por los impuestos", explicó Arteaga. Recordó el exdirector de Ingresos que en una ocasión llegó un hombre que voluntariamente entregó una camioneta, eso es legal pero ellos la reportaron al Ministerio de Hacienda, que a su vez se las entregó para el trabajo de los funcionarios, pero ese bien es del Estado no de la DGI.
Y señaló que el exdirector de Ingresos durante la gestión de Arnoldo Alemán, Byron Jerez, no usaba esa figura, sino las notas de crédito, que era rebajar los impuestos a cambio de prendas como vehículos, que no iban a parar a la DGI sino que pasaban a ser de su propiedad o de sus familiares.
También Arteaga trajo a colación que cuando fue titular de la DGI César Napoleón Suazo, Porras fue descubierto "cobrando comisiones por hacer estados financieros y declaraciones de impuestos".
Durante la gestión de Porras había dos clases de contribuyentes por motivaciones políticas y motivaciones económicas, según explicó uno de los extrabajadores. Y Arteaga recordó que cuando él fungió como presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) esa organización estuvo intervenida por auditores de la DGI durante cuatro meses porque buscaban cuánto era el pago que éste recibía como honorarios, cuando allí ningún director ni presidente devenga salario.
El extrabajador que omitió su nombre, también destacó que una buena cantidad de los empleados fue becada en la Academia Nacional de la Lengua, dirigida por la esposa de Porras, Franca Aiello de Porras, a donde "los mandaba (a estudiar) gratis pero quien pagaba era la DGI". Cada alumno le costaba a la DGI entre 80 y 100 dólares. Dos universidades privadas también entraron en los convenios con Porras. Prepararon a una buena cantidad del personal de esa institución.
El auditorio y el ya famoso ranchón de la DGI sirvieron de aulas. Lo provechoso del convenio fue que sacaba abogados en dos o tres años. El mismo Porras habría cursado la carrera de Derecho de esa manera, según uno de los informantes. Según Maritza Mejía estudiaban en grupos de 20 que el mismo Porras seleccionaba.
"También ordeñaban" la institución con la ayuda a mujeres embarazadas y pago de anteojos, que por lo frecuente que aparecían en la planilla daba a entender que cada mes muchas empleadas estaban en ese estado, así como que cada mes cambiaban de anteojos, dijo el informante.
Para Mejía, Porras dirigió la DGI "como que tal era una hacienda, como que tal él era el capataz, él era el propietario que podía hacer y deshacer".
"Habían contribuyentes que nos decían ¿que pasó con la gente capacitada que había en la institución?", señaló Mejía, quien recordó que el mismo Porras les decía a sus allegados: "Miren, yo corrí a la gente capacitada por ponerlos a ustedes y yo sé perfectamente que ustedes son estúpidos, pero como han participado en las elecciones yo los tengo allí".
A criterio de Mejía, Porras "sentía fobia por las mujeres", pues la mayoría de las despedidas eran del sexo femenino.
Sobre la investigación que aparentemente se realiza a la gestión de Porras, Mejía expresó: "Yo lo quiero ver enchachado (...) estoy satisfecha que Dios hizo justicia".
Maritza Mejía es una de los más de 700 desempleados que esperan el pago de sus prestaciones de ley. En el caso de ella espera desde hace tres años que la DGI cumpla con el fallo del Juzgado Primero Laboral que determinó su reintegro y el pago de salarios caídos. Pero al igual que sus excompañeros, esta no recibió ninguna prestación de ley.
El representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, una de las organizaciones a donde recurrieron los despedidos, dijo que la deuda es una responsabilidad del Estado y así debe cumplir.
Carmona criticó el hermetismo existente sobre las investigaciones policiales en el caso de la DGI.
El 12 de abril, cuando ya había sido destituido, Porras estuvo en Canal 12 de Televisión, en el programa Buenos Días, al que llegó acompañado por toda su familia donde se dedicó a alabar la "sabiduría" del presidente Daniel Ortega, a descalificar los reportes periodísticos.
"Yo todavía soy director. A mí no me han notificado de mi remoción del cargo", afirmó Porras, quien insistía en que había solicitado vacaciones y que por eso no estaba en sus oficinas.
En el canal 100% Noticias, Porras se dedicó a poner a Dios como testigo de su buen actuar como funcionario y seguir alabando a la pareja presidencial.
"Lo juro por Dios que yo no he robado nada en la DGI y es lo que va a comprobar la auditoría de la Contraloría General de la República. Lo juro por Dios, y por el comandante Daniel Ortega", agregó.
El 17 de enero LA PRENSA publicó un informe financiero de esa institución, que fue reportado el 16 de marzo de 2010 por el contador general Arturo Avendaño López, a su superior puntualiza que la deuda total de la DGI suma 107 millones 612 mil 321.17 córdobas.
Entre esas deudas cortadas a diciembre de 2009 está el pago de vacaciones de los trabajadores, el decimotercer mes y las indemnizaciones a quienes han sido despedidos, así como el pago de las cotizaciones del INSS, entre otros.
"Estos golpes como el que le acaba de dar Walter Porras deterioran la imagen", pues la gente siempre dice "¿para qué voy a pagar mis impuestos? si de todos modos se los roban", dijo Arteaga, quien dijo que esto es lo que llama "pánico tributario".
"Aquí hay un problema, la administración de impuestos es como un banco que necesitas darle confianza a la gente para que la gente esté anuente a depositar los impuestos (...)y después de Byron Jerez costó una gran campaña darle credibilidad a la DGI para que la gente confiara y pagara sus impuestos", refirió Arteaga.
Señaló Arteaga denuncias de anomalías como los despedidos que no pagó prestaciones, retención del Impuesto sobre la Renta (IR) y no pasaba a arcas del Estado, no pago del Seguro Social a los trabajadores "esa es una deuda".
"Todo eso se va juntando y crean unos pasivos que después no tienen con qué pagar, ni que le den el doble de presupuesto anual a la DGI", sostuvo Arteaga.
Fuente: Laprensa.com.ni
Editado por: Asesoría Fiscal Barcelona
